Sedición y rebeldía

La insurrección de los comuneros

En 1781, en el departamento de Santander, entonces virreinato de Nueva Granada, tuvo lugar la llamada Insurrección de los comuneros, cuya cabeza visible fue José Antonio Galán quien lideró a grupos populares que se oponían a las medidas económicas coercitivas que habían sido establecidos por el visitador regente, Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, en atención a las órdenes de la corona. Además de los antecedentes, como los motines contra el monopolio del aguardiente de mediados del siglo XVIII, hacia 1780 hubo un levantamiento en contra de las medidas sobre la renta del tabaco y luego de varios enfrentamientos con las autoridades se llegó a las llamadas capitulaciones de Zipaquirá, en las que el virrey Caballero y Góngora, firmó un acuerdo con los revoltosos, que no fue cumplido en ninguno de sus puntos. Es entonces cuando toma fuerza la figura de José Antonio Galán, cuya sentencia condenatoria (copia de la emitida en Bogotá) podemos encontrar en el archivo Nacional de Historia Sección del Azuay. ¿Por qué se encuentra en Cuenca la sentencia condenatoria emitida en contra de Galán y sus seguidores? En ella se señala que “se sacarán los testimonios correspondientes para remitirlos a los jueces y justicias de su majestad en todo el distrito deste virreinato para que leyéndole a los tres días primeros de mayor concurso y fijada en el lugar más público, llegue noticia de todo sin que nadie sea osado de quitarle, rasgarle ni borrarla so pena de ser tratado como infiel y traidor al rey y a la patria”. Intentaba que el castigo aplicado sirviera de ejemplo para evitar movimientos sociales similares en la América española; el documento señala que servirá de “monumento de afrenta, confusión y bochorno a los que se hayan manifestado díscolos, o menos obedientes y de consuelo, satisfacción, seguridad y confianza a los fieles y leales vasallos de su majestad reconociendo todos el superior brazo de la justicia, que sin olvidar su innata clemencia castiga a los delincuentes a los beneméritos no pudiendo nadie en lo sucesivo disculparse éstos horrendos crímenes de conjuración, levantamientos o resistencia al Rey o sus ministros, con el afectado pretexto de ignorancia, rusticidad o injusto miedo”. En la sentencia se hace un recuento de los delitos cometidos por Galán y sus seguidores en su levantamiento en contra de la autoridad real, desde la interceptación del correo real en el puente de Vélez hasta los “excesos del saqueo”, la sublevación, la afectación de las administraciones de aguardiente, tabaco y naipes, el nombramiento de capitanes y la falta de respeto la justicia. En la hacienda llamada del Mal Paso alzó a los esclavos “prometiéndoles libertad como si fuera su legítimo dueño”, para más tarde, llegar a Ambalema “dónde saqueó destrozó y vendió cuantiosa porción de tabaco pertenecientes a su majestad repartiendo mucha parte de su producto a los infames aliados que le habían auxiliado en todas sus expediciones”. Galán se opuso a la orden de prisión que habían emitido las autoridades, “por cuya causa se ejecutó una muerte y quedaron heridos algunos, teniendo presente los hechos y enormes infamias que ejecutó en todos los lugares y villas de su tránsito, saqueando los reales intereses, ultrajando sus administradores, derramando y vendiendo los efectos estancados, multando y exigiendo penas a los fieles vasallos de su majestad, nombrando capitanes y levantando tropas para con su auxilio cometer asombrosos, como no oídos, ni esperados excesos contra el rey y contra la patria, siendo así mismo escandaloso y relajado en su trato con mujeres de todo estado, castigado repetidas veces por las justicias”.
Juan Martínez Borrero, Cátedra Abierta de Historia, Universidad de Cuenca